LA DIGNIDAD DE EDUCAR La defensa de lo común empieza en la escuela.

La Red de Educación Crítica (REC) quiere expresar su apoyo a las movilizaciones del profesorado convocadas para este nuevo curso escolar 2026-207. Las reivindicaciones salariales son, por supuesto, legítimas y necesarias. Pero sería un error pensar que todo lo que está ocurriendo puede reducirse a una cuestión de nóminas. Lo que está en juego es mucho más profundo: las condiciones en las que el profesorado trabaja, enseña y sostiene cada día la educación pública. 

El malestar viene de más lejos. Tiene que ver con las condiciones en las que se enseña, con problemas que llevan demasiado tiempo enquistados y con respuestas que siguen sin llegar. Tiene que ver también con una escuela pública a la que cada vez pedimos más, mientras, demasiadas veces, no se dan los medios ni el tiempo para hacerlo.

Por eso creemos que las movilizaciones de septiembre abren una discusión que va más allá de las condiciones laborales. Nos obligan a preguntarnos qué escuela pública queremos y en qué condiciones puede el profesorado hacer bien su trabajo.

1.   El malestar docente no es un problema individual.

Hay tendencia a convertir problemas colectivos en responsabilidades individuales. Cuando un profesor está agotado, le pedimos que gestione mejor el estrés. Cuando no llega a todo, que organice mejor su tiempo. Cuando enferma, empezamos a escuchar absentismo en lugar de baja médica y sustitución.

Quizá haya que mirar también en otra dirección.

Plantillas insuficientes, ratios inadecuadas, horarios sobrecargados, responsabilidades que aumentan y una burocracia que ocupa cada vez más espacio. Falta tiempo para trabajar con otros docentes, coordinar las tareas educativas, investigar conjuntamente lo que sucede en el aula o atender con cierta profundidad y suficiente tiempo y dedicación al alumnado que lo necesita.

2.  Necesitamos tiempo para educar.

Las instituciones educativas han ido acumulando procedimientos de gestión, registro y control que ocupan una parte excesiva del trabajo docente, asfixiando la autonomía y condicionando el sentido de la tarea educativa. Formularios, indicadores, informes, pruebas, plataformas, protocolos. Muchos son necesarios y responden a obligaciones que una institución pública debe garantizar. El problema aparece cuando los ponemos todos juntos o pierden su utilidad educativa; entonces comprobamos cuánto tiempo nos están quitando y qué educación están definie ndo.

Necesitamos coherencia y estabilidad en las políticas educativas. No podemos trabajar envueltos en una sucesión de planes, programas e instrucciones que cambian, se superponen y desaparecen. Las administraciones necesitan coordinar actuaciones y evaluar lo que ya existe. La educación necesita continuidad y políticas sostenidas en el tiempo, contando siempre en su construcción con quienes cada día habitamos los centros.

Porque educar necesita tiempo.

Tiempo para preparar una clase y volver sobre ella cuando no ha funcionado. Para escuchar al alumnado. Para hablar con otra profesora. Para recibir a una familia. Para leer, formarse, coordinarse y pensar con otros profesionales qué respuesta podemos construir ante un problema que no sabemos resolver.

El profesorado no puede terminar convertido en gestor administrativo.

Pedimos tiempo para poder hacer bien un trabajo que necesita preparación, conversación, estudio, coordinación y pensamiento. También eso es enseñar.

En nuestras aulas convive un amplio abanico de diversidades. Por eso, más que nunca, la acción tutorial es parte fundamental de la labor docente. Una tarea que exige coordinar, redactar o completar actas, registros e informes utilizando diferentes herramientas y plataformas. Si no se hacen más funcionales los protocolos y los soportes, estas tareas provocan desafección y se convierten en trámites sin sentido educativo.

3.  La inclusión necesita recursos.

Defendemos una escuela pública, inclusiva y laica en la que aprender juntos sea un derecho. Pero conviene reconocer una contradicción que cada vez resulta más difícil ignorar: Hemos avanzado mucho en el discurso sobre inclusión sin hacerlo en la misma medida en la dotación de los recursos necesarios para sostenerla.

La inclusión no se construye a golpe de decretos, formularios o protocolos. Tampoco basta con las buenas intenciones.

Y rechazamos esa idea, cada vez más presente, que identifica inclusión con “bajada de nivel”. Se trata de conseguir que estudiantes diferentes puedan aprender juntos, que avancen desde donde cada uno esté y que todos tengan la posibilidad real de avanzar, sin renunciar a una educación humanizada y exigente.

Necesitamos diseños con “suelo bajo”, “techo alto” y “paredes anchas”. Propuestas suficientemente abiertas para ofrecer distintas formas de entrar en el aprendizaje, recorrerlo y profundizar en él.

Pero llega un momento en que ninguna metodología puede suplir la falta de medios.

Hacen falta ratios más bajas, plantillas estables, profesionales suficientes, recursos de apoyo y tiempo para trabajar en común. Los apoyos deben servir para incluir. Si terminan convirtiéndose en una manera discreta de separar, algo tendremos que revisar.

¿Qué inclusión estamos construyendo si reconocemos el derecho de todos y todas a aprender juntos, pero no ponemos los recursos para hacerlo posible?

Queremos seguir aprendiendo para educar.

Deseamos sentir el valor de nuestra tarea y disponer de las condiciones para ejercerla bien. Educar significa formar ciudadanos libres, capaces de pensar, convivir y participar en la construcción de una sociedad más justa. Y significa también seguir aprendiendo como profesionales, mejorar la propia práctica y alcanzar la mayor maestría docente. Una profesión con tanta responsabilidad social necesita tiempo, formación y autonomía para avanzar y hacer mejor su trabajo.

De la misma manera, necesitamos que la profesión docente tenga el reconocimiento social necesario. Necesitamos recuperar la capacidad de explicar qué significa educar, las responsabilidades que asumimos y las condiciones que necesitamos para hacerlo. No podemos quedar al margen del relato que se construye sobre nuestra profesión.

4.  Hay condiciones que ya no pueden esperar.

Hay centros educativos en los que, durante algunas semanas del curso, las aulas superan los 35 grados. No debería hacer falta un gran argumento pedagógico para explicar que así resulta muy difícil enseñar y aprender.

La climatización y adaptación de los edificios escolares es una cuestión de salud y necesita una respuesta pública urgente. No se puede educar en edificios que alcanzan temperaturas insoportables.

Pero la respuesta a la crisis climática tampoco puede consistir simplemente en llenar las escuelas de aparatos de aire acondicionado. Necesitamos repensar edificios, su aislamiento y eficiencia energética, patios, zonas verdes, consumos y movilidad. Y necesitamos revisar nuestra relación con el entorno. ¿Cómo es posible que hayamos destruido un planeta y lo estemos haciendo invivible?

La educación ecosocial tiene poco sentido si queda encerrada en una unidad didáctica. Tiene que entrar en la vida cotidiana de los centros y ayudarnos a pensar cómo vivimos, cómo nos cuidamos y qué responsabilidad tenemos con el mundo que compartimos. También las condiciones materiales educan.

5.  Queremos educar sin miedo.

Nos preocupa que entre parte del profesorado se esté instalando una autocensura que tiene poco que ver con la pedagogía. Hay docentes que empiezan a preguntarse si merece la pena abrir determinados debates, abordar algunos asuntos o pronunciar ciertas palabras por temor a una denuncia o a una acusación de supuesto adoctrinamiento.

Las familias tienen derecho a preguntar, discrepar y reclamar. Ese derecho forma parte también de una escuela democrática. Otra cosa es que el miedo a una denuncia termine decidiendo qué se puede enseñar o discutir dentro de un aula.

Eso también empobrece la educación.

Educar democráticamente no consiste en decir al alumnado qué tiene que pensar. Consiste en proporcionar herramientas para pensar por sí mismo, contrastar fuentes, reconocer una mentira, construir argumentos, escuchar posiciones diferentes y discutirlas. Pero eso no significa ser neutrales con la barbarie. Ni ser equidistantes ante la vulneración de derechos humanos. Educamos en el bien común. Por eso necesitamos una pedagogía crítica y antifascista que no permanezca indiferente ante el racismo, el machismo, el autoritarismo, la desigualdad o los discursos de odio.

Y una parte de esa tarea educativa se juega hoy fuera del aula, aunque entre cada mañana en ella a través de una pantalla.

La inteligencia artificial ya está cambiando nuestra manera de enseñar, aprender, escribir y acceder al conocimiento. La discusión no puede limitarse a decidir si la permitimos o la prohibimos. Tenemos que preguntarnos quién controla estas herramientas, con qué datos funcionan, qué intereses existen detrás de ellas y qué consecuencias pueden tener para la autonomía profesional y los derechos del alumnado.

Hay una cuestión de mayor calado. La inteligencia artificial no es solo una herramienta que brinda muchas posibilidades. Su utilización modifica nuestra relación con el conocimiento, con la verdad, con la autoridad y también con los demás. Esto obliga a preguntarse qué dejamos de hacer cuando delegamos en ella una decisión, una respuesta o incluso un modo de pensar. La escuela necesita abordar estas delegaciones y ofrecer al alumnado oportunidades para comprender qué está cambiando y decidir qué lugar queremos concederle en nuestras vidas.

Queremos una inteligencia artificial educativa pública, en manos de la comunidad educativa y social, transparente, sometida a control democrático y respetuosa con los derechos de estudiantes y docentes. La tecnología debería ayudarnos a educar mejor y, cuando sea posible, devolvernos el tiempo. No necesitamos herramientas que multipliquen la burocracia, aumenten la vigilancia o hagan a la escuela pública más dependiente de unas pocas empresas.

La escuela debe seguir siendo un lugar donde se pueda preguntar, disentir y pensar sin miedo.

6.   La escuela no puede hacerlo sola.

Cada mañana entran en los centros problemas que la escuela no ha creado y que tampoco puede resolver por sí sola. La desigualdad, la pobreza, las dificultades de acceso a la vivienda, la salud mental, la violencia, la crisis climática o la exclusión atraviesan las puertas de las aulas.

Pedir a la escuela que responda sola a todo ello es tan injusto como imposible.

Necesitamos centros vinculados a sus barrios y territorios. Escuelas capaces de trabajar con las familias, los servicios públicos, las asociaciones, las universidades, los movimientos sociales y otras instituciones. Trabajar en red no significa llenar la agenda de reuniones. Significa compartir conocimiento, recursos y responsabilidades ante problemas que también son compartidos. Desde ahí entendemos la renovación pedagógica.

Nos interesa poco la innovación convertida en escaparate, la sucesión de metodologías con nombres nuevos o ese mercado que periódicamente llega a la escuela anunciando la siguiente solución definitiva.

Renovar la educación es algo bastante más serio.

Significa preguntarnos qué hacemos y por qué lo hacemos. Comprobar a quién beneficia una práctica, a quién deja atrás y qué tenemos que cambiar cuando deja de responder a lo que necesitamos.

Sabemos que la renta familiar y el capital cultural heredado siguen condicionando demasiado las trayectorias educativas. La escuela pública no puede eliminar por sí sola estas desigualdades. Pero tampoco puede aceptarlas como inevitables ni contribuir a reproducirlas.

Ahí reside una parte esencial de su responsabilidad pública: ampliar oportunidades, abrir caminos que de otro modo permanecerán cerrados y ofrecer a cada persona herramientas para comprender el mundo y participar en su transformación.

Por eso apoyamos las movilizaciones docentes de comienzos de este nuevo curso escolar 2026-2027.

Hablamos de salarios, claro que sí. Pero hablamos también de ratios, plantillas, carga administrativa, edificios, inclusión, libertad docente, formación, tecnología y tiempo. Sobre todo, de tiempo. Hablamos de las condiciones que necesita una escuela pública para cumplir con aquello que la sociedad le ha encomendado.

Queremos una escuela con recursos y con tiempo. Una escuela que incluya sin separar, que trabaje con su comunidad, que permita al profesorado enseñar y pensar sobre lo que enseña y que preserve su capacidad para tomar decisiones pedagógicas propias y conjuntas.

No parece pedir demasiado. Se trata, sencillamente, de poder hacer bien nuestro trabajo. Y de poder hacerlo con dignidad.

POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA, CRÍTICA Y EMANCIPADORA

Red de Educación Crítica (REC)

Septiembre de 202